La fallida captura de Ovidio Guzmán marcó un punto de inflexión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ante la opinión pública. A partir de entonces (17 de octubre de 2019) la credibilidad de la actual administración en materia de seguridad pública ha sufrido un deterioro inusitado. Ante la crisis, el presidente de México intentó desviar la atención pública hacia otros temas. Pero cuando la tempestad finalmente parecía ceder, un imponderable echó abajo todo. El 4 de noviembre siguiente, ataques armados contra parientes indefensos de la familia LeBarón entre Chihuahua y Sonora mataron a tres mujeres y seis niños. La masacre reavivó una creciente convicción nacional y ahora también internacional: el fracaso del gobierno mexicano ante el crimen organizado.
La actual crisis, sin embargo, puede abrir una tercera vía frente a las organizaciones criminales. La alternativa consistiría en dejar atrás la falsa disyuntiva entre guerra (contra la delincuencia organizada) o paz (derivada de ceder la plaza a los criminales). Se trataría de emprender una cruzada real contra la impunidad en cada caso concreto (como la masacre de la familia LeBarón).
El 14 de octubre el gobierno de AMLO interpretó falazmente datos públicos para dar la impresión de que la criminalidad en México comenzaba a ceder. Ese día Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública federal describió lo que a su juicio eran puntos de quiebre en la violencia delictiva. Según él, comenzaban a bajar la percepción ciudadana de inseguridad y la tendencia de crecimiento de los delitos (seguían aumentando, pero ya no tanto). Los datos que usó el funcionario no permitían sostener esas disminuciones, como lo demostré al evaluarlos. Es decir, no hubo tales puntos de quiebre.
Impotencia del Gobierno Frente a Culiacán
En aquella ocasión apunté que el gobierno sí encontró un punto de inflexión tres días después. Sólo que fue en sentido contrario. Se trató del frustrado intento de apresar al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. El episodio representó la primera capitulación pública del gobierno mexicano frente al crimen organizado.
La resonancia del histórico desaguisado atrapó la atención de la opinión pública, a pesar de los evidentes esfuerzos del gobierno por llevarla a otros terrenos. Primero, desde el día siguiente del frustrado operativo, AMLO se empeñó en reiterar que iba “muy bien” la estrategia de su gobierno contra la violencia. Después, falló en su intento de convertir el fiasco en victoria. Se enfocó solo en destacar los perjuicios evitados con la liberación de Guzmán. Pero no logró apartar el interés público del debate de las causas e implicaciones del fallido operativo. A la par, el presidente también trató (en vano) de introducir otros temas en la agenda pública.
Mientras la polémica por los hechos de Culiacán crecía y se orientaba a sus probables consecuencias jurídicas, AMLO y su gobierno hablaban de otras cosas. El mandatario comentó juegos de playoffs del beisbol de Estados Unidos, mientras el gobierno de ese país expresaba su preocupación por la estabilidad de México. (Incluso en los círculos políticos de la Unión Americana se reavivó la discusión sobre la posibilidad de que México se convierta en Estado fallido). Igualmente, el mandatario volvió al pasado para acusar las numerosas bajas en las fuerzas armadas durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012). El presidente también intentó estimular otra controversia, al afirmar que los programas sociales de su gobierno tienen propósitos cristianos de ayudar a los más necesitados. Incluso hasta anunció la publicación de un libro suyo sobre “economía moral” en diciembre de este año.
Distractores Fallidos del Gobierno Federal
De igual manera, el gobierno federal difundió una conveniente denuncia anónima sobre una supuesta red de espionaje gubernamental en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018). No obstante, este presunto escándalo tuvo escaso impacto en una coyuntura dominada por los sucesos de Culiacán. Así que se diluyó casi de inmediato. Asimismo, la actual administración promovió como anuncio lo que en realidad es una mera esperanza. Se trata de la posibilidad de que Estados Unidos y Canada aprueben el nuevo tratado comercial con México en las próximas semanas.
Todo ello se ventiló en las conferencias de prensa diarias del presidente. Sin embargo, la controversia por la frustrada captura de Guzmán se mantuvo durante todos esos días. El 30 de octubre se pretendió agotar el tema con la presentación del informe oficial de la malograda acción. Pero no ocurrió así.
Los múltiples cuestionamientos que surgieron en el evento forzaron al presidente a continuar la discusión del asunto al día siguiente. No obstante, ni aún entonces el gobierno pudo cerrar el caso. El 31 de octubre AMLO y Durazo se enfrascaron en un debate con algunos reporteros. Unos y otros intercambiaron acusaciones sobre deficiencias del gobierno y medios de comunicación en la difusión de información acerca del fracasado operativo.
En ese marco, AMLO y su administración fallaron en posicionar el supuesto éxito de su plan de seguridad y hasta en ofrecer una explicación convincente de lo que pasó en Culiacán. Más bien, las ideas opuestas enraizaron en la opinión pública.
Pierde Credibilidad el Gobierno Frente a la Criminalidad
Según una encuesta levantada entre el 1 y 3 de noviembre, el 60% de la población considera que está fracasando la estrategia del gobierno federal contra el crimen organizado. El 54% no cree que esta estrategia llevará al país a la paz. El 62% ve más fuerte al crimen organizado que al gobierno. El 52% calcula que le será más fácil al crimen organizado enfrentar al gobierno, después de lo ocurrido en Culiacán. Por si fuera poco, el 55% piensa que las cosas en el país se le están saliendo de control al presidente.
Asimismo, la gran mayoría de los ciudadanos está en contra de no perseguir capos (71%). También rechaza que el gobierno negocie con el crimen organizado (75%), libere integrantes de organizaciones delictivas (85%) y perdone a criminales (82%).
El 59% considera que el gobierno federal ha manejado mal lo ocurrido en Culiacán. El 54% no cree la versión del gobierno sobre este episodio. Por el contrario, el 72% piensa que el gobierno está ocultando información. Incluso, las explicaciones del gobierno federal sobre estos hechos inspiran miedo (65%) y desconfianza (68%) en la mayoría de los mexicanos.
Frente al creciente desgaste, el gobierno intentó un par de maniobras más para llevar la atención pública a otros terrenos. El propio presidente encabezó una de ellas. El mandatario intentó generar controversia a partir de una dura crítica contra su gobierno, hecha por un prominente integrante del ejército. El episodio lo protagonizó Carlos Gaytán, presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Uso Político del Discurso de Gaytán
El general de división habló durante un desayuno con altos mandos militares, encabezados por Luis Cresencio Sandoval, titular de la SEDENA. Gaytán criticó al gobierno federal por propiciar decisiones que estratégicas que “no han convencido a todos, para decirlo con suavidad.” Alertó que el alto mando militar enfrenta a un grupo de halcones del gobierno que “podrían llevar a México al caos y a un verdadero Estado fallido.” El evento ocurrió el 22 de octubre. Sin embargo, el discurso del también exsubsecretario de la SEDENA en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) se difundió hasta el 30 de octubre.
En primera instancia, AMLO no dio mayor importancia a los señalamientos. Tomó (el 31 de octubre) la crítica de Gaytán como un ejercicio de libre expresión propio de los nuevos tiempos. Pero después usó el asunto para intentar introducir el tema de un posible golpe de Estado en México en la discusión pública. El 2 de noviembre, el mandatario expresó que “los conservadores y sus halcones” derrocaron al presidente Madero (en 1913), porque careció de una base social que lo protegiera y respaldara. Vía Twitter, afirmó que ahora es distinto. “La transformación que encabezo cuenta con el respaldo de una mayoría libre y consciente (…) que no permitiría otro golpe de Estado,” aseguró.
AMLO retomó estos mensajes en su conferencia del 4 de noviembre para que “nadie esté pensando que hay condiciones para dar un golpe de Estado.” En este marco, revaluó el discurso de Gaytán. Esta vez lo consideró imprudente y “bastante conservador.” Ya no como parte de un ejercicio de normalidad democrática, como lo había apreciado cuatro días antes.
Secretaría de Seguridad Investiga Mensajes Políticos
En esta misma conferencia el gobierno trató de aplicar la segunda maniobra para cambiar la dirección de la atención pública. Alejandro Mendoza, titular de la Unidad de Información, Infraestructura Informática y Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad federal, presentó un reporte. Fue un análisis de las tendencias de los hashtags #PrensaProstituida, #PrensaSicaria y #PrensaCorrupta, registradas en Twitter del 31 de octubre al 3 de noviembre. Mendoza dijo que los mensajes sobre estos hashtags surgieron el 31 de octubre, cuando el presidente cuestionó la veracidad informativa de los medios de comunicación.
El funcionario afirmó que 21% de los mensajes generados en esos días fueron adversos al gobierno. Más aún, identificó a tres de los principales propagadores de estos tweets. Ellos son: Aurelio Nuño, exsecretario de Educación en el gobierno anterior; Juan Carlos Romero Hicks, líder del PAN en la Cámara de Diputados, y Luis Calderón Zavala, hijo del expresidente Felipe Calderón y Margarita Zavala, excandidata presidencial independiente. No obstante, quedó claro que este señalamiento fue más una especulación que un hecho comprobado. Incluso, el propio presidente reconoció el carácter incierto de la escandalosa acusación. “Esta es una versión, habría que revisar, pero imagínense que fuese cierto,” aventuró el presidente.
No sería extraño que políticos de oposición emprendan acciones jurídicas (por lo menos administrativas) contra Mendoza por este informe. Analizar mensajes políticos en redes sociales no forma de ninguna manera parte de las atribuciones de la oficina a su cargo, todas ellas especificadas en el artículo 11 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad. Además, el propio funcionario reconoció no haber encontrado ninguna conducta ilícita, sino (si acaso) “malas prácticas,” en su análisis.
Masacre de la Familia LeBarón Apagó Maniobras de Distracción
Por lo demás, ni el tema del golpe de Estado, ni el de los tweets contra el presidente tuvieron mayor trascendencia. El mismo 4 de noviembre fueron bruscamente apagados por la brutal acción contra la familia LeBarón. La masacre no solo causó profunda consternación en México y Estados Unidos. También añadió todavía más impulso a la creciente percepción nacional y ahora internacional de la incapacidad del Estado mexicano para enfrentar al crimen organizado.
En primera instancia, AMLO apenas atino a expresar su pésame y abrazar a la familia LeBarón por la tragedia. Solo que lo hizo a la distancia. De lejos. Tal y como lo había hecho en el fiasco de Culiacán. La magnitud y las implicaciones de la masacre fueron insuficientes para que el presidente se apersonara en la zona del desastre (al menos hasta el momento). Manifestó un tímido compromiso de su gobierno para contribuir a lograr justicia en este caso. Sin embargo, el mismo opacó ese mensaje con su (esa sí) enfática insistencia en no cambiar su estrategia de seguridad. Si acaso su único (aunque limitado) tino en este asunto fue mandar al lugar de la tragedia a Marcelo Ebrard, su operador político estelar. (Fue forzado encomendar la misión al canciller, pero pudo haber resultado peor enviar a un cada vez más desacreditado secretario de Seguridad).
La reiterativa y superflua cantaleta presidencial de “abrazos, no balazos” suena cada vez más, en el imaginario colectivo, a la derrota del Estado frente el crimen organizado. Así lo sugieren los resultados de la encuesta examinados líneas atrás. Por ello no extrañó que (ante la claudicación gubernamental frente a los cárteles) finalmente el 8 de noviembre un reportero preguntara al presidente si su gobierno pactaría la paz con el crimen organizado. AMLO rechazó esa posibilidad, porque dijo que no habría impunidad.
Combatir Impunidad, Alternativa Frente a la Delincuencia
No obstante, lo más importante de su respuesta fue que por primera vez asoció la palabra impunidad al crimen organizado. Hasta antes de esta ocasión, el mandatario solamente había aplicado el término a la presunta corrupción de sus adversarios políticos y de gobiernos anteriores.
El presidente no lo hizo con la contundencia del caso. Sin embargo, rechazar la impunidad frente al crimen organizado podría abrir una tercera vía que gobierno y sociedad necesitan para enfrentar la crisis delictiva. No se trata de guerra o paz con el crimen organizado. Se trata de aplicar un política de cero tolerancia frente a cada masacre, asesinato, extorsión, robo, violación, etcétera. Se trata de no dejar impune ningún caso que agravie a la sociedad, como la masacre de la familia LeBarón y tantos otros que ocurren a diario en México.
El actual gobierno federal podría sumar a estados, municipios y a la sociedad en su conjunto hacia ese empeño. La empresa no es sencilla. Pero es viable si el presidente usa la fuerza política que todavía tiene y si de verdad asume la visión de Estado que tanto pregona. Además, necesita hacer algo más frente a la creciente pérdida de credibilidad que ya afronta su administración.