Tras una serie de malabares discursivos para acallar el tema, el gobierno de México finalmente investigará a Manuel Bartlett por el reciente escándalo de la fortuna inmobiliaria atribuida a su familia. Sin embargo, el anuncio de las indagatorias sobre el patrimonio del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no llegó solo. Lo acompañó una maniobra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para respaldar al cuestionado funcionario y rechazar las acusaciones en su contra. Al hacerlo, AMLO dio señales claras del destino que tendrán las pesquisas aún antes de que éstas se desarrollen: Bartlett será exonerado.
La contundencia política con que se aplicó el ardid anticipa el éxito en su propósito casi con total certeza. Aún hay, sin embargo, un cabo suelto. Pese al avasallante operativo, persiste como pequeño resquicio la posibilidad de que la presión de la opinión pública, sustentada en evidencias incriminatorias que pudieran surgir en la investigación, escale a tal punto que fuerce al presidente a despedir al funcionario.
Como se recordará, el asunto irrumpió en la escena pública por una revelación periodística del 28 de agosto de 2019. El reportaje informa de 25 inmuebles valuados en alrededor de 40 millones de dólares de familiares cercanos, que Bartlett habría omitido de sus declaraciones patrimoniales.
Con firmeza pero vaguedad, el funcionario rechazó las imputaciones, a las que calificó de mentiras. Bajo protesta de decir verdad, afirmó que solo posee “lo que he declarado” (cinco propiedades distintas a las señaladas en el reporte periodístico). No obstante, su respuesta no contestó las acusaciones centrales del reportaje: que los inmuebles están a nombre de sus familiares (no de él) y que no los incluyó en su declaraciones patrimoniales como lo manda la ley.
AMLO y la Función Pública en Defensa de Bartlett
El propio presidente se sumó a la defensa de Bartlett. AMLO reconoció que el titular de la CFE tenía la obligación de informar, pero expresó su confianza en él y descalificó el reportaje, al atribuirlo a sus adversarios para afectar a su gobierno. Irma Eréndira Sandoval, Secretaria de la Función Pública (SFP), instancia que verifica el patrimonio de los burócratas, ha seguido la misma línea a favor del funcionario. Lo ha hecho, sin embargo, de manera errática e incluso contraria a la normatividad aplicable en la materia.
Primero, el 29 de agosto, Sandoval desestimó jurídicamente el reporte periodístico, porque sacaba de contexto hechos que ocurrieron cuando Bartlett no era funcionario público. Se refería a que según el reportaje los familiares adquirieron las propiedades antes (entre 2001 y 2017) de la designación del ahora director general de la CFE (diciembre de 2018). Esta afirmación es falsa, porque si bien Bartlett no fue servidor público del Poder Ejecutivo Federal dentro de ese lapso, sí lo fue del Senado de la República durante las dos ocasiones en que se desempeñó como senador (2000-2006 y 2012-2018).
Después, el 2 de septiembre, la titular de la SFP admitió la posibilidad de investigar el asunto, pero solo si recibía una denuncia sustentada con documentos. Pese a que el reportaje incluye comprobantes oficiales de las propiedades, Sandoval lo consideró como un “dicho.” Agregó que en este caso la carga de la prueba recae en quien acusa: “el balón” está en su cancha. Estas afirmaciones también son falsas, porque como expliqué la semana pasada la ley obliga a investigar de oficio este tipo de posibles irregularidades. Como la ley incluso permite las denuncias anónimas en estos casos, atribuir la carga de la prueba a quien acusa es simplemente aberrante.
El Resurgimiento del Escándalo Patrimonial de Bartlett
A pesar de los intentos del trinomio Bartlett-AMLO-Sandoval por cerrarlo, el tema no solo subsistió sino creció a partir de su difusión. Escaló por presión de la opinión pública y de la oposición, pero sobre todo porque el contenido de la ley vigente al respecto hacía muy difícil obviarlo sin incurrir en un alto costo para el gobierno. El escándalo llegó a tal punto que obligó a la actual administración a anunciar su investigación, como por ley debió ocurrir desde un principio.
El 9 de septiembre una discusión en Twitter entre Sandoval y la senadora del PAN Xóchitl Gálvez anticipó la inminencia de las indagatorias. En el alegato, Sandoval insistió en su argumento jurídicamente erróneo de que sin denuncia la SFP no podía investigar. Ante ello, retó a la legisladora a formalizar su imputación. Gálvez aceptó y anunció que al día siguiente interpondría la acusación a primera hora.
Muy probablemente guiada por el propósito político de no ceder a la oposición la iniciativa en este tema, Sandoval no aguardó a la denuncia de Gálvez y ese mismo día anunció el inicio de la indagatoria contra Bartlett. La titular de la SFP emitió un inusual comunicado nocturno para informar de la apertura de la investigación, en atención a una conveniente “denuncia ciudadana anónima” que la dependencia recibió. Tras once días de detonado el escándalo, Sandoval aseguró que la acusación se atendería de forma “rigurosa, imparcial y apegada a la legalidad.”
Inician Investigaciones la SFP y la Fiscalía Anticorrupción
No obstante, al día siguiente (10 de septiembre) y como anticipó, Gálvez presentó su denuncia ante la SFP para esclarecer la situación patrimonial de Bartlett y sus familiares. Posteriormente y junto con otros legisladores panistas, la senadora también interpuso otra denuncia contra el funcionario (ahora por el probable delito de enriquecimiento ilícito) ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de la Fiscalía General de la República (FGR).
Sandoval dijo en entrevista que la SFP realizará la investigación contra Bartlett con “mucha” responsabilidad. Incluso se indignó por la difusión de críticas que la comparaban con Virgilio Andrade, su antecesor en la SFP, quien exoneró al entonces presidente Enrique Peña Nieto del cargo de conflicto de interés por la adquisición de una casa valuada en alrededor de siete millones de dólares (menos de una sexta parte del valor estimado de los bienes atribuidos a los familiares de Bartlett).
En sentido similar, María de la Luz Mijangos, titular de la FECC, declaró que la fiscalía a su cargo atenderá la denuncia con “mucha” seriedad y profesionalismo. Explicó que la dependencia tiene un plan de investigación muy bien delineado y efectivo para este tipo de casos. Agregó que la FECC cuenta con diversas herramientas para realizar estas indagatorias de enriquecimiento ilícito con eficacia y para responder con puntualidad a la denuncia.
El Segundo Espaldarazo de AMLO a Bartlett
Pero mientras las titulares de la SFP y la FECC se esmeraban por ofrecer imparcialidad y objetividad en sus investigaciones, el presidente actuó en contradicción con esos propósitos. De hecho, optó por mandar al diablo a sus instituciones (dado que ambas dependencias forman parte de su gobierno), por decirlo en palabras usadas por él mismo en otros tiempos. Al día siguiente de que Sandoval y Mijangos expresaron su compromiso con la legalidad y explicaron el curso que seguirían las indagatorias en las oficinas a su cargo, AMLO exoneró a Bartlett.
El mandatario utilizó su conferencia de prensa matutina del 11 de septiembre para ejecutar la maniobra. AMLO anunció el acuerdo de la CFE con la empresa Fermaca sobre la construcción y operación de dos gasoductos para surtir de gas procedente de Estados Unidos a la paraestatal. Estos gasoductos fueron los últimos de un total de siete, cuyo contratos a inicio de año el presidente convocó (a instancias de Bartlett) a las empresas contratadas a revisar con la CFE por considerar que contenían términos leoninos. Ya el 27 de agosto el presidente junto Bartlett y representantes de las compañías involucradas habían anunciado los convenios relativos a los otros cinco gasoductos.
Al igual que el 27 de agosto, el presidente dio el foro a Bartlett para explicar las condiciones del acuerdo. Con un dejo de petulancia, el titular de la CFE se atribuyó a sí mismo haber sido eficiente al emprender las negociaciones, aunque reconoció que la voluntad del presidente fue decisiva para concretar los acuerdos. En realidad, sin embargo, la información vertida por los participantes en ambos eventos revela que la intervención de Bartlett en el proceso estuvo lejos de ser efectiva y fue más bien deficiente.
Deficiente Desempeño de Bartlett en Negociación de Gasoductos
Según la cronología oficial, la CFE convocó a las empresas a renegociar los contratos entre febrero y marzo de este año sin que durante cuatro meses hubiera ningún avance. Ante ello, a principios de julio Carlos Salazar y Antonio del Valle, presidentes de los consejos Coordinador Empresarial (CCE) y Mexicano de Negocios (CMN), acordaron con el presidente participar en el proceso como “observadores,” a efecto de destrabar las negociaciones. El hecho de que también se sumara a ellas Alejandro Esquer, secretario particular de AMLO, y que éste mantuviera comunicación con los nuevos participantes y Carlos Slim, propietario de una de las empresas afectadas, indican la insatisfacción del mandatario con el desempeño de Bartlett.
Con la participación de estos nuevos integrantes se estableció una mesa de negociaciones que comenzó a trabajar el 8 de julio. Tras múltiples reuniones, no obstante, no hubo mayores avances. Los acuerdos se concretaron solo hasta que el propio presidente lanzó un ultimátum a las partes para pactar e integró al experto mediador Edmundo Sánchez en las negociaciones para tal efecto.
De cualquier forma, estas circunstancias no obstaculizaron al presidente para dar protagonismo a Bartlett el 11 de septiembre, como ya lo había hecho el 27 de agosto. Dos hechos, sin embargo, dejaron en claro que esta vez el objetivo principal del evento era mostrar el respaldo presidencial hacia Bartlett más que anunciar el acuerdo sobre los gasoductos.
Mandaron a Segundo Plano el Acuerdo de los Gasoductos
El primer hecho fue la notoria ausencia de los presidentes del CCE y del CMN. En la conferencia de agosto tanto el presidente como los involucrados reconocieron el papel de ambos en las negociaciones e incluso uno de ellos (Salazar) habló durante el evento. Como fue en los otros acuerdos, el representante de Fermaca manifestó que Salazar y Del Valle también fueron instrumentales en este convenio. Luego entonces, la ausencia de los dirigentes empresariales en esta segunda ocasión parece explicarse porque la premura del evento les habría impedido acudir, o bien porque el propósito del mismo desaconsejó invitarlos.
El segundo hecho fue el apoyo explícito que AMLO dio al político frente al escándalo de las propiedades atribuidas a sus familiares. Cuestionado en el evento sobre el tema, Bartlett volvió a ser firme y a la vez ambiguo. Aseguró que los inmuebles no eran suyos, pero no aclaró si pertenecen a su parentela. El presidente aprovechó la coyuntura para respaldar al funcionario. Afirmó que Bartlett lo ayuda a limpiar de corrupción la CFE y se declaró muy satisfecho con su trabajo. Puntualizó que los ataques contra su subalterno provienen de grupos que lucraron durante los 36 años de la política neoliberal de pillaje, con la que el presidente identifica a los gobiernos de 1982 a 2018. Más aún, el presidente también exculpó al funcionario del fraude electoral de 1988, que la izquierda mexicana le imputó durante mucho tiempo.
“Podría parecer una paradoja, un contrasentido, porque nuestros adversarios, los conservadores, los que se dedicaron a saquear, ahora son los opositores y están queriendo confundir con el propósito de enrarecer el ambiente, hacer creer que todos somos iguales, cuando no es así,” agregó el mandatario.
Las Paradójicas Omisiones del Pasado de Bartlett
Pero si de paradojas se trata, esta declaración del presidente lo es más. Como si fuera posible tapar el sol con un dedo, el mandatario omitió reconocer que Bartlett fue actor y beneficiario principal de esos gobiernos durante 24 de los 36 años que señala. Gracias al régimen neoliberal del PRI que AMLO se dice llamado a cambiar, Bartlett fue Secretario de Gobernación (1988-1994), Secretario de Educación (1988-1992), Gobernador del estado de Puebla (1993-1999) y Senador (2000-2006).
Ciertamente, Bartlett renegó de las políticas neoliberales de los gobiernos en que participó, pero solo hasta que dejó de beneficiarse de ellos. Es decir, lo hizo por oportunismo, no por razones ideológicas. Ya en su ocaso político dentro del PRI y como parte de la desbandada que provocó la divisiva candidatura de Roberto Madrazo, Bartlett dejó ese partido para sumarse a AMLO en 2006. Mas no lo hizo gratis. Ha recibido jugosas recompensas materiales por ello: fue hecho senador y coordinador de la bancada del PT en el Senado de 2012 a 2018, y titular de la CFE desde diciembre del año pasado.
Al prefigurar a Bartlett como paladín anti-corrupción, AMLO también desmiente lo que él mismo ha expresado en otro tiempo de este político. En el apartado “El imperio de la corrupción” de su libro “Entre la historia y la esperanza” de 1995, el hoy presidente escribió cómo Bartlett (director de Gobierno de la Secretaría de Gobernación en aquella época), junto con el yerno del gobernador de Tabasco, hizo negocio con la urbanización por cuenta del gobierno estatal de terrenos en Villahermosa en los 1970s. Por lo demás, este antecedente habla de la proclividad del personaje por combinar la política con los negocios inmobiliarios, que hoy es materia de investigación. Otra paradoja
Responsabilidad Política de Bartlett en el Fraude Electoral del 88
Asimismo, al exculpar a Bartlett aún antes de que se desarrollen las investigaciones en su contra, el presidente contradice el presunto propósito de su gobierno con la legalidad: “al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie.”
En la conferencia, AMLO también avaló la inocencia del titular de la CFE sobre el fraude electoral de 1988: “le tengo mucho respeto al licenciado Bartlett.” Como Secretario de Gobernación y máxima autoridad electoral, Bartlett fue responsable de la organización y conteo de votos de esos comicios. Bartlett aludió a un libro que recientemente publicó para eximirse jurídicamente de ese latrocinio.
Lo cierto es que no solo Bartlett, sino nadie ha sido ni puede ser jurídicamente imputable por las elecciones de 1988, dado que como él mismo ha dicho los principales elementos de prueba (los paquetes que contenían los votos de esos comicios) fueron quemados por un acuerdo entre el gobierno de Carlos Salinas y el PAN.
Subsiste, sin embargo, la responsabilidad política, que luce ineludible para Bartlett. Si se cometió ese fraude y él no tuvo nada que ver como alega, ¿qué explica entonces las generosas recompensas que Bartlett recibió del presidente Salinas, quien resultó ganador de cuestionadas elecciones de 1988? En su gobierno, Salinas primero hizo a Bartlett Secretario de Educación (1988-1992). Después le creó un cargo rimbombante (Comisionado de Evaluación y Promoción de Proyectos de Desarrollo en la Zona Centro de la República Mexicana) en 1992 para mantenerlo en la nómina del gobierno federal antes de encauzarlo como candidato del PRI a la gubernatura de Puebla en 1993.
Recompensas Incriminatorias, Exoneración y Presión de la Opinión Pública
No solo eso. Salinas permitió a Bartlett escoger los premios que recibió e incluso cedió a sus veleidades (ver Reforma, 24/03/2006). Primero, en 1988, Bartlett había aceptado ser Procurador General de la República, pero después cambió de opinión y pidió mejor la Secretaría de Educación, lo que Salinas aceptó. En 1992, había accedido a ocupar la gubernatura de Tabasco, e igual modificó su parecer y solicitó ir mejor a Puebla, lo que Salinas le volvió a conceder. ¿Qué si no su participación en el fraude electoral explica que Bartlett recibiera a su gusto parte del botín producto de ese latrocinio que según confesión de él mismo se cometió en 1988?
El 11 de septiembre AMLO soslayó todos estos factores cuando dio su respaldo a Bartlett. Al hacerlo, el presidente anticipó el desenlace que tendrán las investigaciones iniciadas por la SFP y la FECC: la exoneración del funcionario.
Subsiste, sin embargo, una posibilidad aunque remota de que el caso tenga un destino diferente. El resquicio yace en la eventualidad de que la presión de la opinión pública, basada en evidencias contundentes que pudieran surgir en el proceso, escale a un punto tal que haga inevitable la remoción de funcionario. Si la fuerza del escándalo impidió consumar un carpetazo prematuro del asunto, no es del todo descartable que pueda volver a cambiar el curso de los acontecimientos.
* Foto: AMLO y Manuel Bartlett. Fuente: www.gob.mx/presidencia.