El 14 de octubre de este año el gobierno de México presentó un informe de sus primeros nueve meses de gestión sobre seguridad pública. La mayor parte del reporte recayó en Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Durante la conferencia de prensa diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Durazo afirmó que el gobierno federal ya consiguió su cometido para 2019. El objetivo consistió en lograr puntos de inflexión en los principales indicadores en la materia. La verdad es que salvo un par de puntos, la mayoría de los datos no muestran la mejoría señalada. Al contrario, es claro que en algunos aspectos la situación de inseguridad sigue igual y en otros incluso peor en comparación con el gobierno anterior. Además, la histórica capitulación del Estado mexicano frente al Cártel de Sinaloa de la semana pasada confirma esa tendencia negativa.
De la participación de Durazo también inquieta la forma falaz en que el funcionario interpretó la información que expuso, así como su omisión de presentar otros indicadores relevantes del tema. Pudo hacerlo con fines de manipulación: intentar convencer de algo que no existe. Pero también porque carezca de conocimientos de estadística básica (entre otros), que le impidan comprender aspectos elementales de su trabajo. (Esto implicaría que Durazo vive todavía una larga y muy lenta curva de aprendizaje, iniciada hace 21 meses cuando AMLO anunció su nombramiento). O por las dos cosas. En cualquier caso preocupa que alguien con perfil bajo (por abyecto, limitado, o ambos) esté a cargo de la seguridad en un país azotado por el crimen.
Los Falsos Puntos de Quiebre de Durazo
Durazo mencionó resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, mismos que analicé en otro artículo. Los utilizó para demostrar un punto de inflexión logrado, según él, por el actual gobierno en la percepción de inseguridad. Comparado con 2018, el porcentaje de ciudadanos que en 2019 percibe inseguro vivir en su estado pasó de 82.1 a 82 en mujeres; de 79.4 a 78.9 en la población en general, y de 76.3 a 75.4 en hombres. A decir de Durazo, estos datos significan un “quiebre” en la tendencia de crecimiento de la percepción de seguridad.
Sin embargo, eso únicamente es cierto en cuanto a hombres, pero falso en lo que respecta a mujeres y población en general. Los resultados de la INVIPE 2019 muestran con claridad que solo en el caso de los varones el cambio es estadísticamente significativo (ver Foto 1). En contraparte, otro cambio estadísticamente significativo se produjo en el aumento de 53.4 a 54.5 del porcentaje de mujeres que perciben insegura la colonia o localidad donde viven. Durazo no mencionó este dato, que contradice su argumento. Obviamente tampoco habló de otros rubros que registraron alzas numéricas (pero que no son estadísticamente significativas), como la percepción de inseguridad en el municipio o demarcación territorial donde viven los encuestados.
En realidad, el reporte de la INVIPE 2019 indica que (salvo los dos indicadores señalados) en el resto la percepción de inseguridad de 2019 es igual a la de 2018. Es decir, no hay más cambios, ni supuestos puntos de quiebre.
Foto 1: Porcentaje de la población que percibe inseguro vivir en su estado, municipio o demarcación territorial, y colonia o localidad. Fuente: INEGI.
El Falso Punto de Inflexión de los Asesinatos
Durazo también presumió otro aparente avance: “hemos logrado un punto de inflexión” en la tendencia de crecimiento de los homicidios dolosos. Es decir, el beneficio alcanzado no es la baja en los asesinatos, sino que estos siguen en aumento pero ya no tanto. Así explicó la gráfica que él mismo muestra en la foto 2.
La gráfica indica que en 2019 el número de homicidios intencionales aumenta 0.4% en promedio cada mes, mientras que en 2018 lo hizo en 0.8%. Pero el contenido de la misma gráfica desmiente al funcionario. La desaceleración en el ritmo mensual del alza de estos crímenes no es ningún punto de inflexión. Más bien se trata de una tendencia de los últimos tres años. Pasó de 2.8% en 2016 a 1.9% en 2017, a 0.8% en 2018 y a 0.4% en lo que va del año.
La realidad es que de diciembre de 2018 a agosto de este año hubo 3.3% más asesinatos que en el mismo periodo previo. Bajo este panorama luce muy difícil reducir la incidencia de este crimen en al menos 30% en los primeros tres años de este gobierno, como prometió el propio Durazo (Reforma, 11/8/2018).
Foto 2: Alfonso Durazo muestra la gráfica del porcentaje de aumento mensual de asesinatos en México de 2015 a 2019. Fuente: https://bit.ly/2BctaFe.
Culiacán, el Verdadero Punto de Inflexión
Durazo encontró otro punto de inflexión. Es la diminución en 1.7% en el robo de vehículos en el lapso diciembre 2018-agosto 2019, en comparación con el mismo intervalo anterior. Si bien la cifra es cierta, no es representativa de las tendencias delictivas. De los 36 tipos de delitos que registra el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo ha bajado la frecuencia en nueve. Por el contrario, la incidencia en ese periodo ha aumentado en los 27 crímenes restantes, incluyendo lesiones dolosas (3.2%), feminicidio (19.9%), extorsión (35.2%) y narcomenudeo (21.3%). De ello no habló el funcionario.
Ávido de puntos de inflexión, este gobierno encontró otro, tres días después. Solo que fue en sentido negativo. El 17 de octubre elementos del ejército y la guardia nacional detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán. A decir de sus abogados, el ahora cabecilla del Cártel de Sinaloa fue interrogado “exhaustivamente” durante cinco horas por los milicianos.
No obstante, los castrenses lo liberaron luego de que integrantes del también llamado Cártel del Pacífico sitiaron el inmueble donde capturaron a su jefe. Para aumentar la presión, los maleantes cercaron y aún colapsaron la capital de Sinaloa, a través de ejecutar actos violentos en diferentes puntos. Entre ellos: 19 bloqueos en vialidades principales, la quema de nueve vehículos (incluidas tres patrullas), 14 balaceras contra elementos del ejército, la retención de milicianos, la irrupción en un conjunto de viviendas habitadas por familias de militares (60 de las cuales ya abandonaron el lugar) y hasta la toma de una cárcel de donde dejaron escapar a 55 presos.
El Realismo de Sandoval y la Crítica de la Opinión Pública
En esas condiciones, el gobierno federal no tuvo más remedio que soltar al detenido. Fue un hecho histórico, pues es la primera vez en que el Estado mexicano capitula públicamente ante el crimen organizado. “México ha vuelto a firmar una de las páginas más tristes de una historia de violencia que acumula ya demasiados volúmenes,” lamentó El País.
El Gabinete de Seguridad federal tomó esta decisión “con el propósito de salvaguardar el bien superior de la integridad y tranquilidad de la sociedad culiacanense,” justificó Durazo. Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), explicó el episodio que detonó la violenta respuesta del Cártel de Sinaloa. Dijo que se trató de un operativo para apresar al hijo de “el Chapo”, a fin de extraditarlo a los Estados Unidos. Sin embargo, lo describió como una acción precipitada, mal planeada y carente de previsión sobre sus consecuencias. Un fiasco, en resumen, que tuvo un saldo de al menos 8 muertos, 16 heridos y 68 vehículos militares con impactos de bala.
Por lo pronto, la sociedad mexicana ya acusó recibo de lo ocurrido en Culiacán. Según una encuesta, el 49% de la población está en desacuerdo con la liberación del narcotraficante. El 56% ve más fuerte al crimen organizado que al gobierno. El mismo porcentaje piensa que la estrategia del gobierno contra el narcotráfico y el crimen organizado está fracasando. El 54% cree que AMLO debe reconsiderar lo que se está haciendo en el combate al crimen organizado. A partir de los sucesos de la capital de Sinaloa, el 61% considera que el gobierno salió debilitado y 68% piensa que el crimen organizado se fortaleció. Y el 67% opina que la violencia es algo que viven cotidianamente los mexicanos.
El Triunfalismo Delirante de AMLO
Pero a diferencia de la opinión pública y de la postura realista y autocrítica de su secretario de Defensa, AMLO asumió una posición entre triunfalista y delirante frente al suceso. Afirmó que va muy bien la estrategia de su gobierno contra la criminalidad, lo que es inconsistente con la tendencia delictiva observada hasta la fecha. “Es una exageración decir que ha fracaso nuestra estrategia… tengo otros datos,” replicó. También negó que los sucesos de Culiacán signifiquen el fortalecimiento del crimen organizado.
En un extraño argumento, el presidente justificó la claudicación del Estado frente al desafío armado del Cártel de Sinaloa al afirmar que su gobierno es civilista. “No es un dictadura militar o un gobierno civil con afanes autoritarios,” dijo. Como si repeler la agresión mortal de delincuentes fuera impropio para fuerzas del Estado, alegó que quien usa la fuerza no tiene la razón, ni autoridad moral. Incluso equiparó a los sicarios movilizados en Sinaloa con la población civil de Nochixtlán, reprimida durante una protesta en 2016. “Eso nunca más se repetirá, nunca se va a dar la orden de reprimir al pueblo,” aseguró.
El Crimen Organizado Desplaza al Estado
Si usamos la estrafalaria visión del presidente, el Cártel de Sinaloa usó la fuerza. Por tanto, no tuvo razón, ni autoridad moral. Pero ni falta que le hizo para doblegar al Estado mexicano. El hecho, por ende, exhibe la falsa ingenuidad del gobierno federal para no enfrentar al crimen organizado: “no se puede combatir el fuego con fuego.” Desafortunadamente, la interacción Estado-cárteles es una situación (“juego”) suma cero. Es decir, cada espacio que uno gana, el otro lo pierde, y viceversa. De modo que la capitulación del Estado no significa otra cosa sino la expansión del crimen organizado.
Así, la liberación de Ovidio Guzmán en Culiacán demostró el evidente predominio del Cártel del Pacífico sobre el Estado en la región. De manera similar, el brutal asesinato de 14 policías locales (el mismo día en que Durazo habló de los supuestos avances en seguridad) en Aguililla, Michoacán, evidenció que en esa zona no manda el Estado, sino el crimen organizado. Lo mismo ocurre en más de la mitad de los ayuntamientos de Morelos que no ejercen autoridad, sino están sometidos a la delincuencia (Reforma, 27/9/2019). Igual acontece en amplias regiones de Baja California, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz, entre otras entidades federativas. En todos estos lugares los criminales ejercen autoridad por el uso de la fuerza e imponen tributos (vía la extorsión) a la ciudadanía. Es decir, asumen funciones que se suponen exclusivas del Estado, al que progresivamente desplazan.
Dejar Control al Crimen Organizado no Garantiza Pacificación
Es posible que esta estrategia eventualmente reduzca la violencia. Los criminales estarán encantados (ellos sí felices, felices) de no tener que pelear por aquellas plazas que el Estado abandone voluntariamente. Pero quien pagará el costo de una pacificación de este tipo es la población civil, que quedará a merced de la autoridad arbitraria del hampa.
También es posible, sin embargo, que ni aún así se logre reducir la violencia. Es factible que aquellas plazas que el Estado abandone sean objeto de disputa entre distintos cárteles (como de hecho ocurre), lo que alimente la criminalidad. En este caso la ciudadanía perderá aún más, porque a los abusos de los maleantes tendrá que sumar los estragos de los enfrentamientos entre delincuentes.
En síntesis, la retirada del Estado frente al crimen organizado es muy mala noticia para los mexicanos.
* Foto Principal: José Rafael Ojeda, Secretario de Marina; Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana; Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, y Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional, en conferencia de prensa en Sinaloa al día siguiente de la liberación de Ovidio Guzmán. Fuente: www.sinaloa.gob.mx