Como caso de libro de texto, México atestigua la domesticación del Poder Judicial por el Poder Ejecutivo. Las circunstancias en torno a la reciente renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se suman a una serie de indicios de la creciente influencia del Poder que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre los órganos de justicia, comenzando por la propia SCJN. Todas estas señales encajan perfectamente con la sintomatología detectada por la ciencia política sobre el debilitamiento de las cortes. Por ello, resulta útil examinar la situación de la SCJN y del Poder Judicial en general a la luz del saber existente en la materia.
Para comenzar, un Poder Judicial independiente es condición necesaria de una república democrática, donde funciona como contrapeso de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Un Poder Judicial autónomo es, por tanto, incompatible con un régimen autoritario. Durante los años dorados de la autocracia del PRI (1929-1994), México contó con un Poder Judicial independiente en la ley. En la práctica, sin embargo, estaba subordinado al presidente de la república.
Fue hasta 1995 cuando se dotó a la SCJN (eje medular del Poder Judicial) de ciertos márgenes de autonomía, como parte de la democratización mexicana. Entre otras medidas para fortalecerla, se sujetó la designación de sus integrantes (propuestos por el presidente de la república) a la votación calificada (2/3 partes de los legisladores presentes) de un Senado plural y se hicieron transexenales (15 años) y escalonados sus nombramientos.
La Debilidad de Origen del Poder Judicial
Por diseño, no obstante, la SCJN (como es usual en regímenes democráticos) es relativamente débil frente a los otros poderes por dos razones principales. 1) La SCJN carece de legitimidad democrática en el sentido de que sus miembros (ministros) no son electos por la ciudadanía. Sus integrantes, por el contrario, son producto de acuerdos políticos entre el presidente y los partidos representados en el Senado. De esta manera, los ministros designados adquieren cierto nivel de compromiso con el presidente y con los partidos y senadores que los encumbran. 2) La SCJN necesita de la colaboración del Poder Ejecutivo para hacer cumplir sus resoluciones, que de otra manera serían letra muerta.
Dada esta fragilidad de origen, las cortes pueden elevar sus márgenes de independencia en la medida en que aumenten su legitimidad política y social. La legitimidad política se refiere al reconocimiento que los actores políticos conceden a la imparcialidad y calidad de sus resoluciones. En tanto, la legitimidad social tiene que ver con el respaldo popular del que gozan las cortes.
La Escasa Legitimidad Política de la Suprema Corte
De 1997 a 2018, la SCJN coexistió con gobiernos divididos (donde el partido/coalición del presidente de la república es minoría en la Cámara de Diputados y/o el Senado) y con alternancia en el Ejecutivo. En general, este tipo de fragmentación política tiende a disminuir la influencia de los otros poderes sobre el Judicial. Sin embargo, a pesar de que estos factores favorecieron su independencia, la SCJN no logró consolidar su legitimidad política. Ello se debió a dos causas:
1) Los ministros designados tendieron a beneficiar en sus resoluciones a los intereses (presidentes, partidos y senadores) que los encumbraron. (Investigaciones de Arianna Sánchez, Beatriz Magaloni y Eric Magar aportan evidencia al respecto).
2) El creciente perfil político de los ministros designados. Las ministros proceden de dos fuentes: interna (cuando han desarrollado su carrera dentro del Poder Judicial federal) y externa (cuando se han desempeñado fuera de él). Se considera que los ministros internos tienden a ser más imparciales en sus resoluciones y, por tanto, a tener mayor legitimidad política. La razón: sus nombramientos obedecen principalmente al prestigio que han ganado como juzgadores. De esta manera, su designación para estar en el máximo tribunal del país corona una trayectoria de méritos propios en el ejercicio judicial. En contraparte, el nombramiento de los ministros externos responde más bien a intereses políticos específicos, que tienden a condicionar su desempeño.
El Costo de los Ministros Políticos
De 1995 a 2006 la SCJN tuvo ocho ministros internos y tres externos. Sin embargo, de entonces a la fecha la proporción se invirtió. Actualmente son siete externos (incluyendo el defenestrado Medina Mora) y cuatro internos. Esto significa una progresiva politización en el perfil de los ministros designados, lo que ha demeritado significativamente la legitimidad de la SCJN en dos vertientes. La primera tiene que ver con la propia designación de los nuevos ministros y la segunda con el sentido de las resoluciones de éstos.
Como ejemplos de descrédito en las designaciones tenemos los controvertidos nombramientos de Medina Mora en 2015 y de Yasmín Esquivel este año. Medina Mora fue duramente criticado por su cercanía con el presidente Enrique Peña Nieto (quien lo nominó) y por su polémica actuación como funcionario federal. (De 2000 a 2009 fue titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Secretario de Seguridad Pública Federal y Procurador General de la República). Sus detractores lo acusaron incluso de no reunir el requisito constitucional de “buena reputación” para ocupar el cargo. Además un grupo de reconocidos intelectuales y activistas entregaron al Senado un escrito firmado por 54 mil ciudadanos en rechazo a su nombramiento.
De manera similar, la designación de Esquivel fue ampliamente cuestionada por ser esposa de José María Riobóo, antiguo contratista y hoy asesor de AMLO. Su nombramiento fue tan debatido que hasta recibió el mote de #MinistraContratista en redes sociales.
El Sesgo Político de los Ministros Externos
En cuanto al sesgo político que suelen tener las resoluciones de los ministros externos, Medina Mora es igualmente ejemplo en ese sentido. En particular, el jurista fue señalado de favorecer a los intereses que lo encumbraron en diferentes veredictos. Tal fue su fallo para impedir a autoridades de Chihuahua presentar cargos penales contra el expresidente Enrique Peña Nieto y otros funcionarios federales, con relación al caso de peculado del priísta Alejandro Gutiérrez. También lo fue la celeridad con que publicó una jurisprudencia que benefició a su amigo Juan Collado (ahora bajo proceso), así como la suspensión que otorgó para evitar la sanción del Congreso de Nuevo León contra el gobernador Jaime Rodríguez (Reforma, 4/10/2019).
La SCJN combina esta baja legitimidad política con escasa legitimidad social. Esta institución carece de respaldo popular. Por el contrario, la gran mayoría de los mexicanos cuestiona su desempeño. El 78% de la ciudadanía considera que existe corrupción en la corte, según una encuesta de marzo de este año (Reforma, 13/3/2019).
En estas condiciones de debilidad, toca a la SCJN lidiar con un titular del Poder Ejecutivo fuerte en tres aspectos. AMLO se encuentra aún en el inicio de su mandato, que es cuando los mandatarios tienen mayor capacidad para imponer su agenda de cambios. Además, encabeza un gobierno unificado y goza de amplio respaldo popular. La coalición de partidos que lo apoya tiene la mayoría de asientos en la Cámara de Diputados (66.2%) y el Senado (60.2%). Y a diferencia de la corte, sus niveles de aprobación ciudadana rebasan el 70%.
Los Ingredientes para Domesticar a la Suprema Corte
La conjunción de estos cuatro factores (debilidad política, gobierno que inicia, unificado y con respaldo popular) hacen particularmente vulnerable a la SCJN. En concordancia con el saber existente en la materia, los otros poderes (bajo la batuta presidencial) han aprovechado esta fragilidad para docilitar a la corte. Lo han hecho principalmente de tres maneras:
La presión legislativa es una de ellas. En abril de este año el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa para crear una Sala Anticorrupción en la SCJN. Materializar la propuesta del poderoso legislador de Morena implicaría agregar cinco ministros a la corte, con lo que llegarían a 16. Como serían designados por el Senado a propuesta de AMLO, estos cinco se añadirían a los dos (Juan Luis González y Yasmín Esquivel) que ya llegaron por esa vía más otro (el sustituto de Medina Mora) que habrá de hacerlo en breve. Sumarían ocho. Es decir, la mitad de la SCJN estaría bajo control de los propuestos por AMLO y, por tanto, afines a él.
El proyecto es controvertido desde el punto de vista de constitucionalidad democrática, porque sería casi como tomar por asalto el control de la SCJN. Es tan polémica la idea, que ha encontrado oposición hasta en la propia Olga Sánchez, secretaria de Gobernación y exministra de la SCJN.
Las críticas, sin embargo, no han frenado a Monreal quien, por el contrario, afirma que el Poder Judicial tiene que “sufrir” una sacudida. En ese tenor, también ha planteado desaparecer el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano que nombra a magistrados y jueces federales a nivel nacional.
Además, el de Monreal no es el único proyecto de reforma al Poder Judicial. Según especialistas ya suman entre 37 y 50 iniciativas en ese sentido en el Congreso de la Unión.
Presión Política y Coerción Institucional Sobre la Suprema Corte
La presión política es el segundo mecanismo empleado por el actual gobierno para someter al Poder Judicial a sus políticas. Desde que asumió la presidencia en diciembre de 2018, AMLO ha cuestionado al Poder Judicial en diferentes aspectos. Ha criticado la falta de austeridad y la corrupción de sus integrantes, así como los fallos judiciales contra proyectos clave de su gobierno, como las suspensiones otorgadas para evitar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y la cancelación del aeropuerto de Texcoco.
La tercera vía ha sido la presión coercitiva institucional. Esto es, el uso de órganos del Estado persecutores de delitos para subyugar o deponer funcionarios judiciales. La institución estelar en este sentido ha sido la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La UIF se dedica a la detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero.
La UIF Como Arma de Presión Contra la Suprema Corte
La actuación más conocida de la UIF hasta ahora como elemento de presión contra el Poder Judicial se relaciona con el caso de Medina Mora. El 5 junio de este año, la UIF filtró datos sobre diversas operaciones financieras internacionales de Medina Mora por montos que excedían considerablemente los ingresos comprobables del ahora exministro. Al día siguiente, AMLO confirmó que dicha información estaba en manos de la UIF y que podría dar lugar a una denuncia penal.
Dado este antecedente, no fue del todo sorpresiva la renuncia de Medina Mora este 3 de octubre. Menos lo fue cuando el propio AMLO, quien recibió la dimisión, explicó que el ministro se separaba para responder a denuncias, relativas a las citadas operaciones financieras, que existían en su contra en la Fiscalía General de la República.
El rol decisivo que la UIF tuvo en este episodio quedó claro por otra filtración. (Quien a filtraciones ataca, a filtraciones padece, parece ser la moraleja en este caso). Resulta que el día que Medina Mora presentó su renuncia, el titular de la UIF, Santiago Nieto, ordenó bloquear las cuentas bancarias y de valores del ministro y de diez personas físicas y morales relacionadas con él. Dos días después, una vez consumada la renuncia, Nieto emitió una contraorden, a efecto de desbloquear dichas cuentas.
México, Ejemplo de Cómo Domesticar al Poder Judicial
A juzgar por sus resultados, el ejercicio de estas formas de presión sobre la SCJN ha sido efectivo. En cuanto a la vía legislativa, por ejemplo, Monreal (junto con Julio Scherer, Consejero Jurídico de AMLO) acordó con Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, instalar una mesa de trabajo para evaluar su propuesta de reforma al Poder Judicial.
Con respecto a la vía política, Zaldívar ha optado por mimetizar a AMLO. Progresivamente se ha convertido en promotor de la austeridad y el combate a la corrupción en el Poder Judicial federal. Es decir, ha atendido con particular diligencia las críticas del presidente.
Asimismo, en marzo de este año se filtró un audio donde Claudia Mavel Curiel, magistrada de un tribunal federal en Jalisco, comunicó a sus otros magistrados federales que por instrucciones del CJF debían de abstenerse de criticar a AMLO o a Zaldívar por haberse alineado con el mandatario. De lo contrario, “se van a iniciar procedimientos de responsabilidad contra quien continúe haciendo ese tipo de comentarios” (Reforma, 15/3/2019). Además, el tribunal que lleva el caso ha comenzado a eliminar las suspensiones jurídicas que impiden la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, aún a costa de contradecir sus propios fallos previos (Reforma, 11/9/2019).
Los logros de la coerción institucional también son evidentes. El episodio de la renuncia de Medina Mora habla por sí solo.
De esta manera, México contribuye a la ciencia política con un interesante caso de estudio sobre cómo domesticar al Poder Judicial.
* Foto: Pleno de la SCJN. Fuente: https://bit.ly/2MDiDrT.