El desempeño de Marcelo Ebrard como operador clave de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó en las dos semanas recientes. El Secretario de Relaciones Exteriores se anotó un par de salvamentos, por decirlo en lenguaje beisbolero (quizá el que mejor entienda el presidente mexicano). Uno consistió en encauzar la presión de Estados Unidos (EU) por la masacre de la familia LeBarón, ocurrida este 4 de noviembre. El otro fue la exitosa extracción de Evo Morales de Bolivia para asilarlo en México.
Esta es la segunda ocasión en que el canciller saca del atolladero a AMLO en este año. La primera ocurrió en junio cuando Ebrard contuvo la presión EU por la creciente migración de extranjeros (principalmente centroamericanos y caribeños) hacia ese país desde México. Para ello, concertó un acuerdo que comprometió al gobierno mexicano a frenar esa oleada migratoria, que el propio AMLO propició.
Durante su campaña e incluso previo a asumir el poder, el ahora presidente asumió el compromiso de abrir las puertas a los migrantes. Les prometió libre pasó en su trayecto a EU y hasta visas de trabajo si decidían quedarse en México. Esta postura generó un aumento sin precedentes en el paso de migrantes extranjeros hacia EU que enfureció a Donald Trump. El controvertido presidente estadounidense amenazó con aplicar sanciones arancelarias a México, si el gobierno no solucionaba el problema creado por el mismo.
A fin de cuentas, Ebrard resolvió el entuerto, pero no sin costos para el país. Según cifras de EU, la guardia nacional mexicana destina casi el 40% de su fuerza (27 mil elementos) a contener la migración hacia Norteamérica. Tal como entonces, en días recientes AMLO tuvo que volver a echar mano de Ebrard.
Tragedias Pegan a la Popularidad de AMLO
La fallida captura de Ovidio Guzmán exacerbó la crisis de seguridad en el país (sin que hasta ahora se finquen las inocultables responsabilidades del caso). Como la pifia dañó profundamente su credibilidad para resolver el problema, el gobierno actual aplicó diversas maniobras para desviar la atención pública hacia otros temas. No obstante, la posterior masacre de la familia LeBarón tiró a la basura la burda intentona.
Más aún, la opinión pública ya pasó factura no solo al gobierno federal, sino también al propio AMLO por ambos desastres. Para empezar, convirtió en mito la supuesta irreductibilidad de la popularidad del titular del poder ejecutivo. Una encuesta realizada después de estos episodios mostró que la aprobación presidencial cayó diez puntos porcentuales con respecto a la medición previa (El Universal, 15/11/2019). La proporción de la población que aprueba total o parcialmente el desempeño del presidente pasó de 68.7% (en agosto) a 58.7% (principios de noviembre).
Asimismo, 61.3% de los mexicanos piensa que los problemas del país han rebasado al mandatario (contra 54.4% de agosto). El 53% desaprueba la forma en que el presidente maneja el combate a la delincuencia. El 35.4% considera que los mayores errores del gobierno han ocurrido en alguno de los tres problemas que más preocupan a la ciudadanía. Ellos son: combate a la delincuencia, combate al narcotráfico y la violencia en el país.
Se Agota la Paciencia Social Frente al Gobierno
De esta encuesta también destaca que el 45.4% aboga por tener paciencia a la gestión de AMLO. Sin embargo, el 50.1% estima en un máximo de año el tiempo adecuado para exigir resultados a la actual administración. El presidente está a escasos trece días de cumplir su primer aniversario en el poder. Por tanto, estas cifras indican que en breve aumentará la presión de la opinión pública hacia su gobierno. Quizá no desde diciembre por la tregua que normalmente suponen las vacaciones de fin de año. Pero sí a partir de enero de 2020, una vez agotada la distracción de las fiestas de la temporada. Así, esta presión representará un previsible desafío para este gobierno, más orientado a la propaganda que a los resultados concretos sobre los grandes problemas nacionales.
En esta espiral negativa de opinión pública, las acciones de Ebrard dieron un respiro a la actual administración. Ni la gravedad de la masacre de la familia LeBarón, ni sus repercusiones internacionales, movieron al presidente de su triunfalismo cotidiano. El mandatario descartó apersonarse en el lugar de esta tragedia. Fue tal y como procedió frente a la otra tragedia (la institucional, de su gobierno), acontecida solo días antes en Culiacán. Al lugar de la frustrada captura de Ovidio Guzmán tampoco acudió. Impensable para un insuflado ego hacer presencia en lugares donde la grotesca realidad desmintió brutalmente los discursos oficiales.
AMLO Prefiere a Ebrard en vez de Durazo
Así que decidió enviar al sitio al canciller, ante la aparente imposibilidad de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, quien “tenía” que comparecer ante el Senado. Esta presunta obligatoriedad sugiere que el control que Morena tiene de la Camara de Senadores (vía Ricardo Monreal) era insuficiente para reprogramar la comparencia. Desde luego que este supuesto es falso, como se confirmó pocos días después. Durazo compareció este 4 de noviembre no ante el pleno, sino solo ante integrantes de la Comisión de Seguridad Pública. El 12 de noviembre, Morena consumó ante el pleno la imposición de Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
De esta manera, Morena y sus aliados perpetraron una de las mayores felonías en la historia contemporánea del Senado mexicano para cumplir una instrucción presidencial. Si el partido del presidente fue capaz de hacer eso, bien podía reprogramar la comparecencia de Durazo ante una comisión.
Si no ocurrió así fue porque AMLO consideró que Ebrard era más competente que Durazo para atender la masacre de los LeBarón. Tuvo razón. La presencia y acción del canciller en la zona ayudó al gobierno a encauzar la presión de Estados Unidos sobre la tragedia. Al hacerlo, también atemperó (aunque sea un poco) el clamor de la familia por lograr justicia en este caso. La salida consistió en formalizar la intervención del Federal Bureau of Investigation (FBI) estadounidense para esclarecer el brutal asesinato de tres mujeres y seis niños.
Ebrard Capitalizó la Crisis de Bolivia
Después, el titular de la SRE capitalizó la crisis política provocada por Evo Morales, presidente de Bolivia, que degeneró en golpe de Estado contra él. El 10 de noviembre el mandatario boliviano renunció al cargo, en cumplimiento de la “invitación” a hacerlo, que le hizo el ejército de su país. Ebrard informó que ese día la sede diplomática mexicana en Bolivia asiló a 20 funcionarios y legisladores afines a Morales. También anunció la extensión del ofrecimiento de asilo político al depuesto presidente, quien posteriormente aceptó la oferta. Ebrard encabezó las operaciones diplomáticas y logísticas que permitieron el traslado de Morales a México.
Ebrard prácticamente asumió todo el protagonismo de las conferencias de prensa de AMLO de los días 11 y 12 de noviembre. Centró sus intervenciones en los temas de Bolivia y (en mucho menor medida) de la intervención del FBI en el caso LeBarón. El 11 de noviembre, a nombre de México, el canciller condenó el golpe contra Morales y demandó restaurar el orden constitucional en Bolivia. De la larga exposición de Ebrard sobre este tema, AMLO apenas atinó a avalarla sin reservas. “Sólo me resta decir que suscribo lo dicho por el secretario de Relaciones Exteriores; esa es la postura de México,” afirmó.
También ese día Ebrard prácticamente dio por cerrado el caso LeBarón como tema de discusión para el gobierno de AMLO. Dijo que la intervención del FBI se sustentaba en un acuerdo de cooperación México-EU vigente desde 1994. Agregó que todos los detalles de la forma de participación del FBI y de las pesquisas del caso en adelante estarían a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), que hasta el momento no ha informado nada al respecto.
Salvando al Soldado Evo
El 12 de noviembre, Ebrard concentró su participación en describir todos los detalles diplomáticos y logísticos que implicó el traslado de Morales a México. Narró los sucesos casi como fueran una odisea épica donde la heroicidad del gobierno mexicano rescató a un intachable presidente, que Morales simplemente no es. El canciller contó la historia como si fuera inspirada en la película Salvando al Soldado Ryan (Saving Private Ryan) de Steven Spielberg. De cualquier manera, el episodio sirvió para alejar la atención pública del tema de la inseguridad (al menos por el momento).
Indudablemente, AMLO apreció el valor político de la faramalla, ya que alabó “la inmejorable actuación del secretario de Relaciones Exteriores y de su equipo.” Pero ni aún en este caso el aspirante a estadista (que busca serlo a fuerza de repetir constantemente que lo es) pudo ganar la batalla. Volvió a perder frente al político pequeño. El que busca acreditarse como logro histórico cada acción (y hasta omisión) de su administración, por mínima que sea, para cobrar el rédito político correspondiente. Como si acaso las hubiese, AMLO despejó cualquier duda de que su gobierno está centrado en su persona. “Que quede claro (…) yo di la instrucción de ofrecer el asilo” (a Morales y sus cercanos), se vanaglorió el presidente. Había que evitar que su canciller le siguiera robando cámara. Había también que mantener la práctica del autoelogio. Mató dos pájaros de un tiro. Gran logro.
Asilo es un Derecho, no una Concesión
Al triunfalismo gubernamental poco importó si la constitución y las leyes son contrarias al proceder de esta administración en el caso boliviano. Al asunto son aplicables el artículo 11 de la Constitución de México y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político (LSRPCAP). Ni la constitución ni la LSRPCAP estipulan que el asilo sea una concesión que el Estado mexicano puede ofrecer a discreción. Por el contrario, el asilo político es un derecho que toda persona tiene a buscar y recibir (artículo 11 Constitucional).
Es decir, se trata de una relación jurídica donde el rol activo corresponde a las personas y el rol pasivo al Estado. Las personas activan este derecho al solicitarlo. Al Estado, en tanto, solo corresponde otorgarlo, siempre y cuando haya sido solicitado (y se cumplan los requisitos legales del caso). Asimismo, el artículo 14 Bis de la LSRPCAP estipula que la solicitud de asilo debe realizarse en representaciones diplomáticas o en territorio nacional.
En esta caso no se observaron los preceptos de la Constitución y la ley de la materia. Morales no acudió a ninguna representación diplomática a solicitar asilo (a diferencia de sus funcionarios cercanos, según Ebrard). Fue al revés. El gobierno mexicano tomó la iniciativa (rol activo) de ofrecerle el asilo y Morales lo aceptó (rol pasivo). Pero más allá de la legalidad del asunto, este proceder desnuda las motivaciones eminentemente políticas del gobierno mexicano en esta decisión.
Por lo pronto, la narrativa encabezada por Ebrard sobre el conflicto político de Bolivia y el asilo a Morales ha dado a la actual administración un respiro frente al desgaste que le produjeron las tragedias de Culiacán y de la familia LeBarón.
Así ha sido.
Por lo pronto…