A solo cuatro días de que el Cártel de Sinaloa forzó al gobierno mexicano a liberar a Ovidio Guzmán, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) trató de dejar atrás el controvertido episodio. Sin embargo, el intento fue infructuoso. Se impuso la realidad de las secuelas dejadas por el fallido operativo. Persisten múltiples interrogantes que las autoridades tienen el deber jurídico de responder en doble aspecto del término. Uno, explicar fehacientemente los hechos ocurridos el jueves 17 de octubre de este año en Culiacán. Y dos, asumir las responsabilidades legales derivadas de ellos. Si como dice AMLO México ya vive en un estado de derecho, ahora es tiempo de que los funcionarios involucrados rindan cuentas por lo que pasó.
El saldo de la contraofensiva del crimen organizado, que por primera vez sometió públicamente al Estado mexicano, no fue menor. Hubo 14 muertos (cuatro de ellos civiles), 21 heridos y 47 reos excarcelados por la fuerza que aún están prófugos. También se registraron pérdidas no cuantificadas por el cierre generalizado de comercios y la zozobra impuesta al millón de habitantes de Culiacán y sus alrededores.
No obstante, para el lunes siguiente (21 de octubre) el presidente consideró que las consecuencias de lo ocurrido eran nota roja o amarillismo. En su habitual conferencia de prensa diaria, AMLO dijo que “lo importante es que en Culiacán hay normalidad.” También, que Sinaloa es un estado destacado en el deporte.
El presidente aprovechó este punto para mejor explayarse sobre los playoffs de las grandes ligas de beisbol de los Estados Unidos. Comentó que el sábado (19 de octubre) se dio tiempo para ver el “juegazo” donde Astros venció a Yankees para pasar a la serie mundial. Como en el partido jugaron dos peloteros sinaloenses por Astros, aventuró que en Sinaloa “les importa también esto.”
¿El Ya Supérenlo de López Obrador?
De esta suposición el mandatario derivó una conclusión. “Tenemos que pensar en la vida, que es mucho, mucho, mucho más que un mal momento, que una tarde-noche triste y de angustia.” AMLO rechaza tajantemente cualquier comparación con gobiernos y presidentes pasados. Esta afirmación, sin embargo, inevitablemente evoca otro conspicuo llamado presidencial. Fue el de “superar este momento de dolor,” hecho por Enrique Peña Nieto a 69 días de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en 2014.
Ya en ese tenor, el presidente mandó “un abrazo a toda la gente de Culiacán; todo mi afecto, todo mi cariño a los sinaloenses.” Solo que estas muestras de estimación las ofrece a la distancia. Desde lejos. La magnitud del aprecio no ha merecido (hasta el momento) que AMLO vaya a la capital de Sinaloa, o aún a ese estado, a expresarlo. Es probable que juzgue innecesaria su visita ahora que —según él— todo ha vuelto a la normalidad.
Para el mandatario, lo relevante de los sucesos de Culiacán es la rectificación del gobierno federal. Ha concentrado su discurso en la decisión del gabinete de seguridad federal de liberar al narcotraficante, lo que evitó que ocurriera una masacre mayor. Aprecia el hecho casi como si fuera un triunfo. Por eso considera que lo acontecido no afecta a su gobierno y afirma sentirse bien por haber avalado la determinación. También por eso intenta dejar atrás el tema y volver a llevar la atención pública al redil del entretenimiento de sus conferencias de prensa diarias.
La Opinión Pública Demanda Sanciones
Sin embargo, la mayoría no comparte la visión presidencial. Élmer Mendoza, reconocido literato de Culiacán, no percibe normalidad entre sus paisanos, sino “mucho enojo y desesperanza por las políticas del gobierno federal” (Milenio, 26/10/2019). Considera correcta la liberación de Guzmán, pero advierte que eso no exime a las autoridades del “error en el operativo.” Por ello demanda al presidente “asumir que a veces las personas fallan y que si no están capacitadas para enfrentar el reto deben ser sustituidas.”
En sentido similar, además de criticar la actuación del gobierno federal, gran parte de la opinión pública ha comenzado a exigir la sanción de los responsables del episodio. Una encuesta de De las Heras Demotecnia atribuye la responsabilidad del fallido operativo a distintos funcionarios. Entre ellos: Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa (23%); Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC; 18%); AMLO (8%); Luis Rodríguez Bucio, Comandante de la Guardia Nacional (GN; 6%) y Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA; 4%).
Otra, de Consulta Mitosfky, indica que más del 40% de la población opina que alguien del gabinete de seguridad debe renunciar por estos hechos. En otro estudio, del Gabinete de Comunicación Estratégica, la dimisión de diversos funcionarios concita el sentir ciudadano en distintos porcentajes. Ellos son: el titular de la SSPC (52.8%); el gobernador de Sinaloa (46.8%); el alcalde de Culiacán (45.6%); el Comandante de la GN (37%); el titular de la SEDENA (34.8%), y el propio AMLO (27.9%).
Comienza el Tiempo de Rendir Cuentas
Estas opiniones, en cierto sentido, anticipan la fase que sigue en esta historia: el deslinde de responsabilidades jurídicas del fallido operativo. Es de cara a esta etapa en que ya se comienzan a observar acciones (y reacciones) tanto de los involucrados como de otros actores políticos. Así, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó (el 21 de octubre) una denuncia contra AMLO y Durazo ante la Fiscalía General de la República (FGR). El PAN atribuye a AMLO y Durazo la liberación de Guzmán. Con ello, ambos funcionarios habrían incurrido en el delito de evasión de presos, previsto en el artículo 150 del Código Penal Federal. Asimismo, la organización Plataforma Futuro 21(integrada por perredistas) solicitó formalmente a la Cámara de Diputados iniciar juicio político contra Durazo por la misma decisión.
Frente a lo que se viene, el gobierno de Sinaloa ha comenzado a tomar providencias. Primero, la administración estatal destituyó al director del penal del que el Cártel de Sinaloa excarceló a 55 reos, 47 de los cuales siguen prófugos. Después el gobernador Ordaz y sus funcionarios han optado por desmarcarse y aún criticar la frustrada captura de Guzmán. Ordaz soltó la versión de que el gobierno federal no le avisó del operativo. De esta manera, la policía estatal, “a la que no le correspondía atender los sucesos, actuó a ciegas” (Reforma, 22/10/2019). En esa línea, el Secretario de Seguridad estatal reprobó que la operación se hiciera en el momento menos oportuno. Dijo que un día antes de los hechos más de 500 militares dejaron la localidad. Con ello, solo había 60 elementos de la guardia nacional para ejecutar la acción.
Deslindan Responsabilidades en el Gobierno Federal
En el gobierno federal tampoco se han quedado atrás. Pese a que AMLO se apresuró a descartar renuncias en su gabinete, no han cesado las presiones para lograr cambios de funcionarios de ese nivel. Tanto así que un parco Durazo tuvo que salir a declarar que no dejará el cargo. A su vez, el titular de la SEDENA casi desde un principio tomó distancia de los acontecimientos. Al día siguiente de los hechos, el general Sandoval reconoció que el operativo fue precipitado, mal planeado y carente de previsión sobre sus consecuencias. Sin embargo, achacó la responsabilidad al grupo a cargo del operativo por su “afán de obtener resultados positivos.”
Incluso el propio presidente ha comenzado a actuar con cautela frente a las implicaciones jurídicas del caso. Se dijo dispuesto a comparecer ante la autoridad competente (la FGR) con respecto a la cancelación de la acción y la consecuente liberación del narcotraficante. Pero se ha deslindado totalmente de la maniobra de captura en sí, el aspecto más controvertido de la trama. Aseguró que supo del operativo “ya cuando estaba en marcha” y que ante el agravamiento de la situación “fue cuando avalé que se detuviera.”
Sin embargo, AMLO ha deslizado la responsabilidad de la fallida operación en el ejército. “Son acciones que lleva a cabo la Secretaría de la Defensa (…) Le tengo mucha confianza al secretario,” ha dicho.
Ante el escalamiento del escándalo, el 25 de octubre el mandatario anunció la presentación pública de un reporte pormenorizado (“minuto a minuto”) de los hechos. El informe se dará entre cuatro y cinco días después (martes 29 o miércoles 30 de octubre). Este parte será un elemento importante para las indagatorias que se deberán desprender del episodio.
El Caso Culiacán Llega a la PGR
De hecho, la denuncia del PAN ya llevó la controversia al ámbito de acción de la FGR. En anticipación de lo que implicará el asunto, Alejandro Gertz ofreció que las pesquisas de la dependencia a su cargo arrojarán resultados. “No habrá impunidad,” prometió el titular de la FGR. “Aquí —agregó— se van a establecer las responsabilidades con toda precisión, con todo apego a la ley y con toda transparencia.” No obstante, aún sin siquiera iniciar las indagatorias del caso, ya fijó sus límites: no tocar al presidente. Consideró que no es tarea del mandatario una acción como la de Culiacán, sino de otras instituciones y servidores públicos. Por eso, “involucrar al presidente de la república me parece algo absolutamente inaceptable.”
Sin embargo, lo que resulta absolutamente inaceptable es que quien está a cargo de la procuración de justicia deslinde responsabilidades a la ligera. Es decir, sin valorarlas a la luz de la legislación aplicable. Al avalar la liberación de Guzmán, AMLO pudo haber incumplido el deber de guardar y hacer guardar la constitución y la legislación emanada de ella, contenido en el artículo 87 constitucional.
En particular, la decisión significaría contravenir el párrafo cuarto del artículo 16 constitucional. Ese apartado señala: “La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal” (énfasis añadido).
Probables Responsabilidades de Funcionarios Federales
De este precepto constitucional se deriva el artículo 150 del Código Penal Federal invocado por el PAN en su denuncia contra el presidente y Durazo. Dicha disposición estipula: “Se aplicarán de seis meses a nueve años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado. Si el detenido o procesado estuviese inculpado por delito o delitos contra la salud, a la persona que favoreciere su evasión se le impondrán de siete a quince años de prisión…” (énfasis añadido).
Adicionalmente, el presidente podría tener algún nivel de responsabilidad en el operativo en sí. Esta implicación se derivaría del Quinto Transitorio del decreto de diversas modificaciones constitucionales sobre la Guardia Nacional, vigente desde el 27 de marzo de 2019. Este precepto confiere potestad directa al presidente sobre la Fuerza Armada permanente (ejército, armada y fuerza aérea) en tareas de seguridad pública de manera “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” (énfasis añadido), en tanto se desarrolla la guardia nacional.
Respecto al operativo en sí, el general Sandoval explicó que la acción falló porque fue precipitada, mal planeada y carente de previsión sobre sus consecuencias. Esta evaluación implica violaciones a normas contenidas en la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza (LNSUF). Esta ley es aplicable a las instituciones de seguridad pública del Estado, así como de la Fuerza Armada permanente cuando actúa en tareas de seguridad. En el caso de Culiacán, la ley aplica a la SSPC, la GN y la SEDENA, que estuvieron involucradas en la misión. En particular, la operación transgredió el artículo 23 de la LNSUF. Esta disposición indica: “Durante una detención, se debe garantizar la seguridad de las personas no involucradas, la de los agentes y la del sujeto de la detención, en ese orden.”
Violaciones a la Ley Sobre el Uso de la Fuerza
También violó lo dispuesto en el artículo 30 de la LNSUF. Esta norma establece: “En el uso de la fuerza y la planeación de operativos siempre se tomará en consideración la salvaguarda de los objetivos y principios que establece esta Ley para garantizar la protección a los derechos humanos de todos los potenciales involucrados.”
De igual manera incumplió el deber estipulado en la fracción III de ese artículo. Este mandato determina: “Contar con planes operativos y logísticos para hacer frente al evento de que se trate, que contemplen la forma para controlar la eventual resistencia, considerando la capacidad de respuesta del objetivo, las características físicas del lugar, las entradas y salidas para poder considerar la retirada en caso de que el uso de la fuerza resulte inadecuado y la vida de los agentes corra peligro, así como evitar la huida de la o las personas en caso de que se trate de una detención.” Tampoco cumplió la fracción IV del mismo precepto: “Los planes operativos deberán establecer acciones para repeler, contrarrestar y neutralizar cualquier tipo de resistencia.”
En fin, el caso amerita un exhaustiva valoración jurídica para delimitar correctamente las responsabilidades de los funcionarios involucrados.
Caso ABC Puede Repercutir en Culiacán
Sobre hasta dónde deben llegar las sanciones por este episodio, este año el gobierno federal reactivó un asunto que ahora podría actuar en su contra. El potencial bumerán tiene que ver con el propósito de AMLO de reabrir el caso del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. El siniestro, ocurrido en 2009, causó la muerte de 49 niños y lesionó a otros 106. Como la guardería actuó por cuenta del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es esta institución la que promueve la revisión del tema. En este sentido, el 22 de agosto de este año el IMSS ratificó una denuncia ante la FGR para sancionar a 14 probables responsables. Entre ellos figuran Eduardo Bours, exgobernador de Sonara; Daniel Karam, extitular del IMSS, y Ernesto Gándara, exalcalde de Hermosillo.
AMLO y Zoé Robledo (titular del IMSS) han explicado que su intención es que la nueva indagatoria incluya los elementos aportados por Arturo Zaldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Resulta que en aquella ocasión, Zaldívar condujo una investigación del caso por encargo de la SCJN. Como resultado de su trabajo, el ministro concluyó que las sanciones por la desgracia debían llegar al gobernador de Sonora, al alcalde de Hermosillo y a los máximos funcionarios del IMSS de aquel entonces. Aunque contó con el apoyo de los ministros Olga Sánchez Cordero (hoy Secretaria de Gobernación) y Juan Silva, la postura de Zaldívar no prosperó. Tuvo en contra el voto de los ocho ministros restantes del pleno de la SCJN.
Los Argumentos de Zaldívar Aplicados en Culiacán
Como ha sido reivindicado por el actual gobierno, el criterio de Zaldívar puede ser crucial en la reapertura del asunto de la guardería ABC. Pero también puede ser igualmente importante para el caso Culiacán, ya que problematiza hasta qué niveles deben llegar las responsabilidades jurídicas de los servidores públicos.
Por ello resulta relevante recuperar los argumentos centrales que Zaldívar esgrimió para proponer la sanción de los máximos funcionarios del IMSS, del gobierno del estado y del ayuntamiento de Hermosillo. A continuación transcribo dichos argumentos, que forman parte de esa histórica sentencia de la SCJN (se añaden énfasis y subtítulos):
“Los servidores públicos quienes tienen a su cargo las dependencias, entidades y organismos del poder público son responsables de las fallas graves que se cometan en las instituciones que están bajo su titularidad. La conducción de las instituciones de las que son titulares los constituye en garantes de su debido funcionamiento. No hay duda de que cuando a nivel institucional se toman acciones que violentan la Constitución, el responsable de tales afectaciones lo es el alto servidor público que dirige las acciones institucionales. Del mismo modo, cuando de manera institucionalizada se omite de manera grave con el deber de cuidado de los derechos fundamentales a los que se está obligado, tales conductas de omisión son imputables al servidor público que dirige la institución de que se trate.
“Dirigentes son Responsables de las Entidades que Dirigen”
“No puede entenderse de otra manera. Los dirigentes son responsables de las entidades que dirigen. Son causantes de los éxitos, pero también lo son de los errores graves que se cometen por acciones u omisiones. Los aciertos serán suyos, pero los errores también. La toma de protesta del cargo conlleva automáticamente la responsabilidad en el ámbito de acción de la institución a su cargo. Éste es el sentido de protestar guardar y hacer guardar la Constitución de los estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, como lo ordena el artículo 128 de la Constitución General de la República.
“En un Estado democrático diluir la responsabilidad de los altos funcionarios públicos es vaciar de contenido la rendición de cuentas y, por ende, la esencia de la representación democrática. Es, además, restarle todo significado a la protesta que deben rendir todos los servidores públicos al momento de asumir el cargo.
Asumir los Riesgos del Encargo
“Asumir un cargo implica, entre otras cosas, aceptar la responsabilidad y los riesgos que la función trae aparejada. Desde ese momento le serán imputadas todas las responsabilidades inherentes al cargo. Por ello, el servidor público está obligado a identificar una agenda de riesgos y a girar sus instrucciones y políticas para minimizarlos al máximo. Esto no es optativo; el orden jurídico nacional establece los fines, objetivos, atribuciones y obligaciones que deben de cumplir cada uno de los diferentes órdenes de gobierno y formas de ejercicio del poder. Entre ellos figura, de manera destacada, el deber de cuidado para la defensa y desarrollo de los derechos fundamentales de todos los gobernados, pero, de manera especial, de aquellos grupos más vulnerables.
“La Constitución no prevé una curva de aprendizaje. La Constitución supone la designación de personas capaces y capacitadas para los cargos que ostentan, no la de servidores públicos sin preparación que lleguen a sus funciones a aprender y a enterarse de cuáles son sus responsabilidades. Si desde el primer día cobran íntegro su salario y disfrutan de los beneficios del cargo que ostentan, es lógico y razonable sostener que, desde ese primer día, asumen la responsabilidad de la dependencia o entidad que dirigen.
“Es importante señalar que la circunstancia de que sean asignadas facultades específicas a diversos servidores públicos de distintos niveles, no significa en forma alguna que se delegue la responsabilidad del titular de la institución hasta convertirla en irresponsabilidad del superior jerárquico.
La Responsabilidad no Puede Desaparecer por Formalismos
“La responsabilidad del Estado por violaciones graves a derechos fundamentales no puede desaparecer en un mar de formalismos mediante los cuales al final nadie es responsable de los hechos, o que lo sean sólo los niveles más modestos de la cadena de mando. Un Estado democrático es un Estado responsable, y éste sólo es factible con servidores públicos que asuman la responsabilidad de las instituciones que se encuentran a su cargo.
“Las gravísimas omisiones que se detallan en este dictamen, llevan a esta Suprema Corte a determinar la vinculación directa en las violaciones graves a las garantías individuales de los 49 niños que fallecieron en la tragedia investigada y los 104 niños lesionados, muchos de los cuales no podrán recobrar una vida normal debido a la gravedad de los daños físicos que recibieron, a los servidores públicos que tenían la obligación de cuidar la vida y su integridad. En específico de quienes tenían a su cargo la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social y omitieron la emisión de las políticas públicas que pudieron haber evitado esta lamentabilísima tragedia; así como al entonces Gobernador del Estado de Sonora quien incurrió en inexcusables actitudes omisivas que generaron el incendio en la guardería ABC.
“Por último, es importante señalar que todo lo anteriormente desarrollado es con independencia de que, como se acreditó anteriormente, los servidores públicos ahí citados omitieron obligaciones legales específicas que generaron las violaciones graves a las garantías individuales.”
Hasta allí la cita de los argumentos Zaldívar con respecto al caso de la guardería ABC.
¿Aceptará AMLO que se le Aplique el Rasero de Zaldívar?
Aplicar la lógica de Zaldívar al caso Culiacán muy probablemente significaría la renuncia (y tal vez otras sanciones) de altos funcionarios del gabinete de seguridad. Entre ellos, Durazo, Sandoval, Rodríguez Bucio y Audomaro Martínez, director general del Centro Nacional de Inteligencia. Incluso hasta la determinación de responsabilidades hacia el propio presidente de la república. Luego entonces una interrogante importante se desprende de los argumentos de Zaldívar que ahora el gobierno pretende rescatar para el caso de la guardería ABC.
La pregunta es si el gobierno de AMLO está dispuesto o no, a ser enjuiciado por los sucesos de Culiacán bajo el criterio de Zaldívar. Es decir, si está dispuesto a ser enjuiciado con el mismo rasero que busca aplicar a quienes no forman parte de este gobierno. Un gobierno que se dice promotor de la justicia y el estado de derecho.
Próximamente la administración de AMLO nos responderá esta pregunta.
* Foto: Audomaro Martínez, Luis Cresencio Sandoval, Alfonso Durazo y Luis Rodríguez Bucio. Fuente: https://www.gob.mx/sspc.