Estancamiento Económico y Cambio de Discurso

El estancamiento económico es otro de los rasgos negativos de lo que va del actual gobierno. El Producto Interno Bruto (PIB) disminuyó 0.3 por ciento en el primer trimestre de este año y no creció en el segundo trimestre. En estas condiciones se desaceleró la generación de empleos y por consiguiente la tasa de desocupación se ubicó en un promedio de 3.5 por ciento de la población económicamente activa en los primeros siete meses de este año, en comparación con el nivel de 3.3 por ciento del mismo periodo del año anterior.

AMLO no llamó a la parálisis económica por su nombre y en vez de ello dijo en tono celebratorio dijo que “la economía está creciendo poco pero no hay recesión.” La realidad económica ha llevado a AMLO a diluir gradualmente su promesa de lograr un crecimiento de la economía de 4 por ciento anual en su sexenio y aún en este año. Ayer de plano mejor optó por obviar este compromiso central de su gobierno y en cambio enarboló como su nuevo propósito “desechar la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función del simple crecimiento económico.”

Esta situación económica llevó al presidente a abordar uno de los temas controvertidos de su gestión: el desarrollo nacional. Dijo que para él lo fundamental no es lo cuantitativo sino la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza (como definición de desarrollo), en consonancia con sus discursos recientes en que enaltece la noción de desarrollo en contraposición al concepto de crecimiento económico. Afirmó que ahora es menos injusta la distribución del ingreso: “hay más desarrollo y bienestar.” En este sentido, celebró los más de 300 mil empleos formales generados en los primeros siete meses de 2019. La cifra precisa es 306,014 que, sin embargo, que no llega ni al 60 por ciento de los 530,789 empleos creados en el mismo periodo de 2018.

Parálisis Económica y Aumentos Salariales Frenan Desarrollo

AMLO también alabó los aumentos del 16 por ciento al salario mínimo en todo el país y del 100 por ciento en la zona libre de la frontera norte (ZLFN) de este año como medidas de su gobierno para generar desarrollo. Sin embargo, datos presentados en el segundo informe trimestral del Banco de México (Banxico) de este año revelan que esas alzas salariales y el estancamiento económico causaron una disminución en la generación de empleos. El análisis de Banxico va de enero a abril de este año e indica que si el incremento salarial hubiera sido de 10 por ciento (como en 2018) se habrían generado 52 mil empleos más en ese periodo. Igualmente la evaluación estima que si el crecimiento económico hubiera sido similar al del mismo lapso de 2018 (alrededor de 2 por ciento), se habrían creado 28 mil empleos adicionales en esos meses.

Como fue considerablemente mayor, el aumento salarial de la ZLFN también tuvo un impacto negativo más importante sobre la generación de empleos. El incremento salarial del 100 por ciento significó dejar de crear 25 mil plazas de trabajo en comparación a si el alza hubiera sido de 10 por ciento. En tanto, el estancamiento económico únicamente inhibió la apertura de mil empleos.

Estos resultados contradicen dos premisas centrales del reciente discurso económico de AMLO: que el desarrollo está disociado del crecimiento económico y que los aumentos salariales por decreto generan desarrollo. Por el contrario, los datos de Banxico confirman que el crecimiento es condición necesaria para la generación de empleos y que los aumentos salariales deben atender a una racionalidad económica para no inhibir la creación de puestos de trabajo. Según la lógica desarrollista es más equitativa una sociedad con más empleos con menores salarios que una sociedad con menos empleos con mayores salarios.

Los Dudosos Resultados del Combate al Robo de Combustible

El combate a la corrupción es otro tema controvertido en el saldo de esta administración. AMLO reiteró que su principal objetivo de gobierno es acabar con la corrupción y la impunidad. Citó como caso de éxito en esta materia los resultados en robo de combustible, conocido coloquialmente como huachicol. Dijo que el huachicol, que ascendía a 80 mil barriles diarios de gasolinas al inicio de su gestión, se ha reducido en 94 por ciento, lo que implicará una reducción en pérdidas para Petróleos Mexicanos (Pemex) de 50 mil millones de pesos en este año.

Lo significativo del asunto es que este supuesto logro (por razones aún inexplicadas por el gobierno) no se ha reflejado en las ventas de combustible de Pemex. Los 75 mil barriles diarios en que se ha reducido el huachicol deberían traducirse en aumentos al menos parciales de las ventas de Pemex. Pemex vendió un millón 23 mil barriles diarios en sus tres tipos de combustible (gasolinas Magna, Premium, y diesel) en noviembre de 2018, mes en que a decir del gobierno actual el huachicol alcanzó su nivel máximo. Lejos de aumentar, sin embargo, para Julio de este año las ventas disminuyeron a 993 mil barriles, según los reportes oficiales más recientes.

Combate Selectivo y Politizado contra la Corrupción

Otro punto debatible del mensaje presidencial fue la afirmación de que en México “ya existe un auténtico Estado de derecho,” dado de que la investigación y persecución judicial de casos de corrupción e impunidad ha sido selectiva y politizada en este gobierno. Así, se han emprendido con amplia publicidad procesos en asuntos de presuntos desvíos de cuantiosos recursos y sobornos cometidos en el gobierno anterior (como los casos conocidos como La Estafa Maestra y Odebrecht). Incluso Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, ha acusado públicamente de extorsión a exfuncionarios de la anterior administración sin antes proceder jurídicamente contra ellos, en claro desacato a principios constitucionales como el debido proceso y la presunción de inocencia.

En contraste, la nueva administración ha optado por proteger a sus integrantes y aún descalificar a quienes se atreven a denunciarlos. En este sentido, el episodio más reciente ocurrió apenas el miércoles de la semana pasada cuando una investigación periodística documentó el probable enriquecimiento inexplicable por más de 800 millones de pesos en propiedades de Manuel Bartlett, actual titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que este funcionario omitió incluir en la declaración patrimonial como servidor público a que está obligado por ley. Más que anunciar investigaciones como típicamente ha respondido frente a casos similares del gobierno anterior, AMLO se apresuró a expresar su confianza en Bartlett y a calificar al reportaje como un ataque político de los opositores a su gobierno. En la misma línea, Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, instancia encargada de investigar la corrupción en el gobierno de la república, dijo que la información reportada fue sacada de contexto y que no era “pecado” tener propiedades en colonias ricas.

Con estos claroscuros e inconsistencias AMLO inicia hoy el siguiente tramo de su gobierno.