AMLO, el Desgaste por la Inseguridad en México

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cumplió ayer (1 de diciembre de 2019) su primer año como presidente de México con amplio respaldo popular. La mayoría de los logros que los mexicanos atribuyen a su mandato tienen que ver con el perfil y estilo personal del presidente. También reconocen a su gestión por generar un innegable saldo positivo en gasto social y austeridad gubernamental en este lapso. Sin embargo, el mandatario y su administración ya comienzan a resentir un claro desgaste inherente a la calidad de su desempeño. Los principales pasivos que arrastra su gobierno son su fracaso para revertir la crisis de inseguridad que padece el país, y sus malos resultados económicos. Conscientes del descrédito que les causan, AMLO y su equipo han intentado contener estos lastres. Pero lo han hecho de una forma improvisada y hasta artificiosa, que solo ha deteriorado aún más su credibilidad.

En esta ocasión abordaré la crisis de inseguridad como fuente de desgaste del gobierno de AMLO. La próxima semana examinaré el efecto en ese sentido de los malos resultados económicos.

En este primer aniversario de gobierno, el grueso de la opinión pública aprueba el perfil personal y estilo de gobierno de AMLO. Según una encuesta reciente, la gran mayoría de los mexicanos encuentra diversos atributos positivos en el presidente. Lo consideran un líder (79%), cercano a la gente (80%), sincero (72%) y con experiencia para gobernar (73%). También piensan que tiene capacidad para resolver problemas (67%) y tomar sus propias decisiones (78%).

Logros de AMLO que Reconoce la Opinión Pública

Asimismo, atribuyen a su gobierno mejoras en cuatro áreas. Ellas son: libertad de expresión (67%), combate a la corrupción (58%), combate a la pobreza (58%) y educación pública (55%). Estos temas coinciden con los que AMLO ha señalado como los principales logros de su gestión. Su gobierno ha elevado sensiblemente el gasto social que, por ejemplo, en el renglón de bienestar social aumentará 36% en 2020 con respecto a 2019.

Esto ha permitido, según el mandatario, que en su administración el 50% de las familias mexicanas reciba el apoyo de al menos un programa social. Aún más, esta cobertura llega al 95% de las familias indígenas y se extenderá al 100% de ellas, según anunció AMLO ayer en el evento conmemorativo.

Este énfasis en la política social (y en proyectos de inversión prioritarios) se debe a una profunda reorientación en el gasto público hacia esa dirección. Este replanteamiento, a su vez, descansa en un severo programa de austeridad, que incluye recortes de salarios, plazas y gastos administrativos en general del gobierno. La mayoría de la ciudadanía simpatiza con estas medidas y las considera como una muestra de honestidad y combate a la corrupción de esta administración.

De hecho estas acciones elevaron substancialmente la popularidad del presidente. AMLO (quien ganó con el 53% de la votación en julio de 2018) alcanzó su máximo nivel de apoyo ciudadano en febrero de este año. El promedio de diversas encuestas indica que ese mes logró la aprobación del 81% de los ciudadanos contra la desaprobación del 14%.

Pero de entonces a la fecha, el diferencial entre ambos indicadores se contrajo 25 puntos porcentuales. La aprobación de su desempeño cayó 13 puntos porcentuales, mientras que la desaprobación aumentó 12 puntos. La aprobación bajó a 68% y la desaprobación creció a 26%.

Crisis de Inseguridad Baja Popularidad de AMLO

Este descenso en la popularidad presidencial se debe al desgaste de AMLO y su equipo en dos frentes. El primer frente es la seguridad pública. El gobierno no ha podido contener y mucho menos revertir la crisis de violencia delictiva que enfrenta el país. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportan incrementos en los tres principales delitos asociados con la violencia criminal. En once meses (diciembre 2018 a octubre 2019) de este gobierno, los homicidios dolosos, lesiones dolosas y feminicidios aumentaron 1.9%, 4.5% y 16.3%, respectivamente. Lo hicieron con respecto al mismo periodo previo (diciembre 2017 a octubre 2018), que hasta entonces había sido el más violento de la historia mexicana.

Por ello, no extrañó que la ciudadanía mexicana no percibiera, en general, prácticamente ninguna mejoría en seguridad pública con este gobierno. En octubre de este año, esta administración (vía Alfonso Durazo, secretario de Seguridad) intentó con artilugios manipular la opinión pública sobre el problema. Como apunté en su momento, el funcionario falseó la interpretación de diferentes datos para simular una mejoría en la incidencia delictiva y la percepción ciudadana.

Por burda, la intentona fracasó. Pero no solo por eso. También porque en esos días ocurrió la fallida captura de Ovidio Guzmán, cabecilla del Cártel de Sinaloa. El fiasco del 17 de octubre representó la primera capitulación pública del Estado mexicano frente al crimen organizado. Así que por su bochornoso carácter histórico (además de los daños que causó), el episodio tuvo amplia resonancia nacional e internacional.

La debilidad del Estado mexicano que el acontecimiento desnudó causó profunda preocupación en México y el extranjero. Frente a esa convicción casi generalizada, los “abrazos, no balazos”, “no combatir el fuego con el fuego” y otros estribillos del presidente sonaron a broma de mal gusto.

Dañan Culiacán y LeBarón Popularidad de AMLO

Por consiguiente, el desaguisado tuvo un saldo negativo en la opinión pública. La mayoría de los mexicanos cuestionó la estrategia y capacidad del gobierno frente al crimen organizado. El chasco también deslavó la popularidad presidencial.

Y cuando el gobierno parecía por fin (después de muchos malabares) desviar la atención pública a otro lado, ocurrió la tragedia de la familia LeBarón. El 14 de noviembre comandos delictivos mataron a tres mujeres, cuatro niños y dos bebés (siete meses de edad) en los límites de Chihuahua y Sonora. De ellos, los sicarios carbonizaron los cadáveres de dos mujeres, un niño y los dos bebés en el vehículo donde los habían acribillado. La masacre acrecentó el desgaste de la imagen de AMLO y su gobierno.

Pero no solo eso. La matanza trajo otras consecuencias. Los familiares han demandado justicia al gobierno de México pero también al de Estados Unidos (EU). Lo han hecho en legítimo derecho. En pleno ejercicio de su nacionalidad mexicana y estadounidense, han pedido a EU catalogar como terroristas a los cárteles que operan en los dos países.

Adicionalmente, lo han hecho motivados por la negligencia del gobierno mexicano para atender la tragedia. Apenas hoy (2 de diciembre) AMLO se reunirá con los familiares de la víctimas para informarles de los avances en la investigación de los hechos. Pero no lo hará por iniciativa propia, sino a petición de los afectados. A ellos ha pedido no llevar a la reunión dirigentes “que luego utilizan estos casos con propósitos políticos pues (…) no sería lo más conveniente.”

El Lucro Político de las Masacres

Sin embargo, usa doble rasero en esta solicitud (lo que ya no extraña). La aplica a los LeBarón, pero no a sus correligionarios. Uno de ellos, Alejandro Solalinde, reprueba que los afectados pidan a EU catalogar como terroristas a los cárteles. “No se vale que la familia LeBarón vaya a pedir intervención de un gobierno extranjero, cuando en México el presidente (…) le ha ofrecido diálogo,” condenó. (Le faltó informarse bien o tal vez lo está, pero decidió mentir. Como apunté, el diálogo que los LeBarón tendrán con el mandatario responde a una petición de ellos, no al ofrecimiento del presidente).

Solalinde demandó a los LeBarón que digan de qué lado están, si con México o con EU. Dijo que el gobierno de EU quiere someter a México, porque “el país está caminando hacia un nuevo modelo de desarrollo, lejos de la políticas neoliberales.”

Es decir, Solalinde utiliza el caso con propósitos político (justo lo que AMLO desaprueba). Para este sujeto, la politiquería está por encima de la tragedia. Este presunto defensor de los derechos humanos simplemente no empatiza con víctimas que contraríen sus convicciones e intereses políticos, por más grande que sea su agravio. La politiquería por encima de la tragedia. Enseñó el cobre, por decirlo en palabras habituales del presidente. Pero ni a Solalinde, ni a otros de sus seguidores, el mandatario es capaz de extender la petición que hizo a los LeBarón. Ellos sí pueden usar esta masacre con fines políticos.

Descrédito de AMLO por la Inseguridad

En este marco, se produjo la declaración de Donald Trump de pretender catalogar como terroristas a los cárteles transnacionales de origen mexicano. La expresión del controvertido presidente de EU representa un desafío para el gobierno de Mexico por sus diversas y serias implicaciones. Entre ellas, el intervencionismo norteamericano directo en nuestro país. Pero además, la aplicación de restricciones al flujo financiero de EU a México, que podría afectar las remesas de los migrantes mexicanos a sus familias.

Tanto la incidencia delictiva como tragedias como las de Culiacán y la familia LeBarón han remarcado la persistencia de la crisis de inseguridad en México. También han desgastado la popularidad e incluso la credibilidad del presidente y de su gobierno por su incapacidad para aliviar este grave problema. Así lo confirman los resultados de la encuesta más reciente sobre el tema (levantada del 21 al 26 de noviembre de este año).

Según esta encuesta, la mayoría de los mexicanos (41%) considera a la seguridad como el principal fracaso del gobierno de AMLO. El 65% cataloga a la inseguridad como el principal problema del país. El 62% piensa que la estrategia del gobierno federal contra el crimen organizado está fracasando. El 65% ve más fuerte al crimen organizado que al gobierno. Finalmente, el 47% no le cree al presidente cuando habla sobre temas de seguridad (contra el 44% que sí le cree).

De esta manera, la persistencia de esta crisis es uno de los principales lastres del gobierno de AMLO en su primer año de gestión. Y la opinión pública ha comenzado a cobrar factura por ello.

Foto: AMLO en visita a Chilapa, Guerrero, el 23 de noviembre de 2019. Fuente: https://bit.ly/2Dx6Bwb.

Copyright © Público y Poder | Héctor Ibarra Rueda

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